FGR captura a exfuncionario ligado a contratos de penales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Antonio Molina Díaz y lo señaló por presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada.

La FGR informó que elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador general de Centros Federales entre 2006 y 2012. La institución sostuvo que el exfuncionario presuntamente participó en una red de operaciones vinculadas al desvío de recursos públicos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con las investigaciones federales, Molina Díaz habría actuado en coordinación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por diversos delitos. La carpeta de investigación señaló posibles irregularidades relacionadas con contratos para infraestructura penitenciaria federal.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, agentes federales aseguraron diversas identificaciones con nombres distintos, equipos de telefonía móvil y cantidades de dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

Investigación por contratos

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la orden judicial se relacionó con los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia indicó que las acusaciones derivaron de una investigación sobre el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

Según la información oficial, el exfuncionario habría firmado contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades sostuvieron que dichos convenios habrían permitido el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Las indagatorias apuntaron a que los contratos habrían sido simulados y suscritos con empresas consideradas fachada. La autoridad ministerial señaló que esos mecanismos presuntamente facilitaron operaciones financieras irregulares vinculadas al uso de recursos públicos. –sn–

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