La FGR informó el desmantelamiento de una presunta red de huachicol fiscal ligada al exgobernador Ernesto «N». La investigación estima un daño superior a 4 mil millones de pesos y contempla 25 órdenes de aprehensión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) identificó lo que las autoridades califican como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora en México, un esquema que presuntamente utilizó importaciones irregulares desde Estados Unidos, operaciones ferroviarias y una compleja estructura financiera para introducir combustible al país sin cubrir las contribuciones correspondientes.

Como resultado de las primeras acciones operativas, la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión y confirmó la detención de Ernesto «N», exgobernador de Baja California, junto con otras cuatro personas. Las investigaciones continúan para ejecutar el resto de los mandamientos judiciales y determinar la responsabilidad de los demás involucrados.

De acuerdo con la institución, el caso representa una de las investigaciones más complejas realizadas contra el llamado huachicol fiscal, debido a que implicó el análisis conjunto de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa para reconstruir la operación logística y financiera utilizada por la organización.

Así operaba la presunta red de contrabando

Las investigaciones señalan que las empresas involucradas estaban registradas para importar productos derivados del petróleo; sin embargo, al ingresar el combustible al país desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, presuntamente declaraban volúmenes menores a los reales o registraban mercancías distintas para reducir el pago de impuestos.

Según la FGR, la organización reportaba únicamente alrededor de 10 mil litros por cada carro-tanque ferroviario, cuando la capacidad real alcanzaba hasta 110 mil litros.

Posteriormente, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y distribuido mediante pipas y tractocamiones operados por siete empresas, sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades del sector energético.

La investigación estableció que el producto era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Daño millonario al fisco

Las autoridades estiman que únicamente en una primera etapa de la investigación dejaron de declararse aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible.

Ese volumen habría generado una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En conjunto, el posible daño a la Hacienda Pública por ambos conceptos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.

Sin embargo, la FGR amplió posteriormente las indagatorias en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y detectó que entre enero y julio de 2025 la organización habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

Con base en ese análisis, las autoridades estiman un perjuicio fiscal superior a 4 mil millones de pesos.

Investigación financiera revela triangulación de recursos

Además de documentar las irregularidades en la importación del combustible, la investigación incorporó un análisis financiero especializado.

La FGR informó que identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.

Las cuentas presentaban un patrón característico de las llamadas «cuentas puente», utilizadas para recibir y transferir recursos de manera casi inmediata, manteniendo saldos mínimos con el propósito de dificultar el rastreo del origen del dinero y de los beneficiarios finales.

Las indagatorias también identificaron presuntas transferencias internacionales hacia empresas extranjeras, lo que, según la autoridad ministerial, constituye indicios de un esquema de triangulación de recursos.

Operación ferroviaria bajo investigación

Uno de los elementos que distingue esta investigación es el uso de carros-tanque ferroviarios como principal medio para introducir el combustible al país.

La FGR aseguró que la organización habría utilizado al menos 162 carros-tanque para omitir el pago de contribuciones federales.

Durante las primeras acciones fueron localizados decenas de estos vehículos ferroviarios en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, además de desarticular uno de los principales centros de operación de la organización.

Las autoridades estiman que esta primera intervención provocó una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos para la estructura criminal investigada.

Exgobernador de Baja California entre los detenidos

De acuerdo con la investigación, la estructura comenzó a operar mediante una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto «N», exgobernador de Baja California.

El exmandatario fue detenido en Ensenada durante un operativo realizado por integrantes del Gabinete de Seguridad.

La FGR precisó que entre los investigados también figuran socios de empresas relacionadas con la red, operadores logísticos, agentes aduanales y otros servidores públicos presuntamente involucrados en las operaciones.

Más de 400 personas procesadas por huachicol

Durante el mensaje, la Fiscalía informó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026 han sido llevadas a proceso 407 personas presuntamente relacionadas con redes de contrabando de combustibles que operaban por vías marítima, ferroviaria y terrestre.

Las acciones derivadas de esta investigación se desarrollan en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.

La institución señaló que las investigaciones continúan y recordó que las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva. –sn–

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