La Alianza Nacional de Jubilados presentó propuestas para fortalecer la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas con medidas de debida diligencia, evaluación de impactos y protección de derechos laborales y de seguridad social.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Alianza Nacional de Jubilados, organización que representa a más de 93 mil personas jubiladas, presentó sus propuestas técnicas dentro de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHyE), un proceso coordinado por el gobierno federal con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las aportaciones buscan fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en la actuación de las empresas, especialmente de las Empresas Productivas del Estado, mediante herramientas preventivas que permitan identificar y atender riesgos antes de que decisiones administrativas o normativas generen afectaciones a derechos laborales y de seguridad social.

La organización explicó que sus propuestas fueron elaboradas con base en la experiencia acumulada por personas jubiladas de empresas públicas que han enfrentado modificaciones normativas y administrativas con impacto en derechos adquiridos. Ese conocimiento fue traducido en recomendaciones de política pública alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que promueven la prevención de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debida diligencia, eje de la propuesta

Uno de los temas centrales de la consulta pública es la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, entendidos como el conjunto de acciones que permiten identificar, evaluar, prevenir y atender oportunamente posibles impactos sobre los derechos de las personas antes de adoptar decisiones relevantes.

De acuerdo con la Alianza, estos mecanismos fortalecen la certeza jurídica, favorecen la transparencia institucional y contribuyen a prevenir conflictos mediante la participación de los grupos potencialmente afectados y el seguimiento permanente de los riesgos detectados.

Principales recomendaciones

Entre las propuestas entregadas durante la consulta pública destacan:

• Incorporar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos laborales y de seguridad social.
• Fortalecer los procesos de debida diligencia en las Empresas Productivas del Estado mediante mecanismos preventivos, evaluación de impactos, participación de las personas potencialmente afectadas y seguimiento de riesgos.
• Ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana durante la toma de decisiones.
• Establecer indicadores públicos para dar seguimiento, evaluar resultados e impulsar la mejora continua de las políticas implementadas.

La organización sostuvo que una adecuada protección de los derechos humanos fortalece las instituciones públicas, genera mayor certeza jurídica, mejora la eficiencia administrativa y contribuye a prevenir conflictos sociales, además de consolidar el Estado de Derecho.

«La participación de la Alianza no busca resolver un caso particular; busca contribuir a que México cuente con instituciones más sólidas y con herramientas que prevengan futuras afectaciones a los derechos humanos. La mejor política pública es aquella que evita los conflictos antes de que ocurran», señaló la organización.

Participación institucional

Con esta intervención en la consulta pública, la Alianza Nacional de Jubilados reiteró su compromiso con el diálogo institucional, la participación ciudadana y la elaboración de propuestas técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas.

La organización informó que durante los últimos meses ha impulsado diversas iniciativas nacionales e internacionales enfocadas en promover la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, privilegiando los mecanismos institucionales y la participación pacífica.

La incorporación de estas propuestas a la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas, consideró la organización, podría representar un avance para la protección de los derechos de las personas jubiladas y trabajadoras, así como para fortalecer la actuación de las empresas públicas y las instituciones del país.

La Alianza Nacional de Jubilados está integrada por personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Luz y Fuerza del Centro y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Su labor se orienta a la defensa de la no retroactividad, los derechos adquiridos, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos mediante el diálogo, la legalidad, la participación ciudadana y la manifestación pacífica. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.