Comunidades indígenas denuncian que el INPI desconoce su presencia en territorios donde se proyectan Polos del Bienestar y cuestionan decisiones judiciales relacionadas con sus derechos colectivos, consulta indígena y defensa del territorio.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Comunidades indígenas y afromexicanas denunciaron una presunta estrategia de exclusión institucional en territorios donde se proyectan Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, al señalar que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) habría desconocido la existencia de pueblos y comunidades asentados en esas zonas.
De acuerdo con el comunicado recibido por Sociedad Noticias, la denuncia se centra en comunidades que, según sus representantes, mantienen formas de organización comunitaria y actividades agrícolas y campesinas, aunque no necesariamente conserven una lengua originaria. Los denunciantes sostienen que esa circunstancia no debería utilizarse para negar su carácter comunitario ni sus derechos colectivos.
El planteamiento adquiere relevancia porque los Polos del Bienestar forman parte de una estrategia federal para impulsar inversiones, infraestructura y actividades productivas en distintas regiones del país. En el caso del Istmo de Tehuantepec, el proyecto contempla desde años atrás procesos de consulta con pueblos indígenas sobre la instalación de estos espacios.
La disputa por el reconocimiento comunitario
La organización autora del comunicado sostiene que el reconocimiento de un pueblo o comunidad indígena no puede depender exclusivamente de la conservación de una lengua originaria. En su denuncia, refiere que existen comunidades que mantienen territorio, organización social, prácticas agrícolas y estructuras comunitarias propias.
La acusación apunta a que el desconocimiento institucional tendría consecuencias sobre la posibilidad de que esas comunidades participen en procesos de consulta relacionados con proyectos que pueden modificar el uso y aprovechamiento de sus territorios.
El antecedente oficial muestra que el propio INPI ha participado en procesos de consulta vinculados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar. En 2021, el instituto informó sobre asambleas en Oaxaca destinadas a proporcionar información a comunidades indígenas y recoger sus decisiones respecto de proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En Ciudad Ixtepec, por ejemplo, el INPI informó que una asamblea comunitaria autorizó por unanimidad la implementación de un Polo de Desarrollo, después de un proceso de información y deliberación. En aquella ocasión, representantes comunitarios también plantearon condiciones relacionadas con biodiversidad, recursos naturales, agua, empleos y participación en los beneficios económicos.
Comunidades cuestionan actuación del Poder Judicial
El comunicado también cuestiona resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos y sostiene que el Poder Judicial habría actuado por consigna o bajo presión del Poder Ejecutivo.
Esta afirmación corresponde a la posición expresada por la organización y no constituye, por sí misma, una conclusión judicialmente acreditada. Para establecer responsabilidades o una eventual actuación irregular sería necesario conocer los expedientes, resoluciones y argumentos de las partes involucradas.
La controversia se inserta en un escenario más amplio de conflictos territoriales relacionados con los Polos del Bienestar. En julio de 2025, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció en el caso de Puente Madera, Oaxaca, una presunta persecución contra defensores comunitarios que se han opuesto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.
Consulta indígena, el punto central
La discusión sobre estos proyectos no se limita a su impacto económico. También involucra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.
El propio diseño institucional del Corredor Interoceánico contempla mecanismos relacionados con la planeación, adquisición o concesión de inmuebles para establecer Polos de Desarrollo para el Bienestar, además de procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión.
Por ello, el reconocimiento de las comunidades asentadas en las zonas de intervención se convierte en un elemento relevante para determinar quiénes deben participar en los procesos de información, diálogo y consulta que correspondan.
La denuncia plantea, en última instancia, que el desarrollo de los Polos del Bienestar no debería avanzar mediante el desconocimiento de comunidades que afirman tener presencia histórica, organización colectiva y actividades productivas en los territorios donde se pretende instalar infraestructura. –sn–
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