La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos contempla 453 artículos y 11 transitorios. Especialistas de la UNAM analizan sus alcances sobre patrimonio cultural, consulta y autonomía.

Por Martín García | Reportero                                      

La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abre un debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural, la autonomía y el derecho a la consulta de las comunidades originarias y afromexicanas, temas analizados por especialistas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proyecto, que busca reglamentar la reforma al artículo 2º constitucional publicada en septiembre de 2024, contiene 453 artículos y 11 transitorios y plantea reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La discusión adquiere relevancia mientras avanza el proceso nacional de consulta previa, libre e informada. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) estableció que las asambleas regionales se realizarán del 1 de julio al 13 de septiembre de 2026, con mesas de trabajo posteriores previstas en septiembre.

Patrimonio cultural, uno de los puntos bajo análisis

Durante el foro académico “Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta”, organizado por el Instituto de Geografía, especialistas y representantes comunitarios examinaron las implicaciones del proyecto legislativo en materia de patrimonio cultural.

María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía, señaló que la propuesta representa una de las reformas legislativas de mayor alcance de los últimos años en materia de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.

El análisis universitario puso especial atención en la forma en que el proyecto plantea reconocer, proteger y regular el patrimonio cultural de las comunidades, así como en la relación entre sus decisiones colectivas y las facultades de las instituciones del Estado.

Víctor Francisco Martínez González Robles, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, señaló que el proyecto constituye un cuerpo legislativo de gran amplitud para el México contemporáneo, con disposiciones que abarcan autonomía, consulta, patrimonio, territorio y otros derechos colectivos.

La propuesta fue elaborada con participación de instituciones federales, especialistas y representantes de los pueblos y comunidades. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas la aprobó en junio de 2026 y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria y el protocolo para su consulta nacional.

Consulta indígena definirá cambios al proyecto

El proceso involucra a 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La documentación oficial establece que la consulta busca recibir opiniones, propuestas y planteamientos para modificar, en su caso, el proyecto antes de su eventual presentación ante el Congreso de la Unión.

El procedimiento contempla etapas de información, deliberación, presentación de propuestas y seguimiento. También establece principios como libre determinación, buena fe, participación plena y efectiva, perspectiva intercultural, transparencia e igualdad sustantiva.

En este contexto, Martínez González Robles planteó que uno de los aspectos que requiere mayor revisión es la relación entre el reconocimiento del patrimonio por parte de las comunidades y las atribuciones que conservaría el Estado para catalogarlo y registrarlo.

El investigador también señaló que la propuesta mantiene vigente el marco federal en materia de monumentos y las atribuciones técnicas de las autoridades competentes, por lo que consideró necesario analizar cómo funcionarán en la práctica los mecanismos de consentimiento, protección y distribución de beneficios.

Turismo y patrimonio indígena

Erik David García González, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, advirtió durante el foro sobre los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural ante fenómenos como el turismo masivo.

El especialista señaló que las ceremonias sagradas y festividades comunitarias pueden transformarse en productos comerciales cuando no existen mecanismos suficientes para proteger su carácter cultural y determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser difundidas o aprovechadas.

La discusión universitaria ocurre mientras el país desarrolla por primera vez un proceso nacional de consulta sobre una propuesta de legislación general específicamente orientada a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La iniciativa tiene como antecedente directo la reforma constitucional de septiembre de 2024 al artículo 2º, que reconoce a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y garantiza, entre otros aspectos, su libre determinación y autonomía. –sn–

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