El gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo otorgaron más de 150 mdp a cinco empresas vinculadas con Tabasco Capital, identificada por la FGR en una red de huachicol relacionada con Raúl Rocha Cantú.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo otorgaron entre 2023 y 2024 más de 150 millones de pesos en contratos a cinco empresas que comparten socios, apoderados o domicilios con Tabasco Capital, compañía identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.

Los contratos fueron destinados a obras de alumbrado, señalética, parques, canchas, escuelas y proyectos urbanos. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó las conexiones corporativas mediante actas mercantiles y documentos oficiales.

La relación empresarial adquiere relevancia porque la FGR identificó a Tabasco Capital como una compañía utilizada para facturar producto obtenido ilícitamente. Además, investigaciones sobre la red de huachicol vincularon a la empresa con operaciones atribuidas al grupo de Raúl Rocha Cantú, empresario señalado en la indagatoria federal por contrabando de hidrocarburos.

Empresas con vínculos corporativos

De acuerdo con la investigación difundida por MCCI y Reforma, entre las compañías que recibieron contratos en Quintana Roo se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL y AF Instalaciones, cuyos vínculos con Tabasco Capital aparecen en registros corporativos mediante socios, administradores, apoderados o domicilios compartidos.

Uno de los casos documentados corresponde a SIMMA, que participó en una licitación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo en noviembre de 2023. En los documentos del procedimiento, la compañía declaró como domicilio el ubicado en San Martín de Porres 111, en Querétaro, dirección que también aparece relacionada con Tabasco Capital.

Los contratos públicos fueron asignados para infraestructura y equipamiento urbano, por lo que el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de revisión aplicados por las autoridades estatales y municipales antes de contratar a las compañías.

¿Qué relación tiene Tabasco Capital con la investigación por huachicol?

La conexión se encuentra en una investigación federal sobre una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos. En un cateo efectuado el 22 de febrero de 2025 en un inmueble de Querétaro, agentes federales aseguraron documentación relacionada con Tabasco Capital.

Según la información difundida sobre la investigación, la FGR consideró que la empresa era utilizada para facturar combustible obtenido ilícitamente. También fueron documentadas transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, identificado como uno de los operadores de la estructura investigada.

El empresario Raúl Rocha Cantú, quien posteriormente obtuvo la calidad de testigo protegido en la investigación federal, reconoció ante la FGR haber participado en operaciones de contrabando de combustible y señaló a Reyes León como uno de los principales responsables de la organización. En su declaración también mencionó que la red utilizaba facturas expedidas por Tabasco Capital, entre otras compañías.

Los contratos en Quintana Roo

La investigación periodística señala que los recursos públicos entregados a las empresas relacionadas con Tabasco Capital provinieron tanto del gobierno estatal como de municipios de Quintana Roo.

Los trabajos contratados incluyeron infraestructura urbana, alumbrado público, señalización, parques, canchas y obras en escuelas. La coincidencia de domicilios, representantes y vínculos societarios con Tabasco Capital fue identificada a partir de documentos mercantiles y expedientes oficiales.

El caso coloca bajo escrutinio los procedimientos de contratación utilizados entre 2023 y 2024, particularmente los mecanismos mediante los cuales las autoridades verificaron los antecedentes corporativos de las empresas antes de asignarles recursos públicos.

La información disponible no establece que el gobierno de Quintana Roo o los municipios hayan participado en las actividades ilícitas investigadas por la FGR, ni que los contratos públicos hayan sido utilizados para financiar la red de contrabando. El vínculo documentado corresponde a las relaciones corporativas identificadas entre las empresas contratistas y Tabasco Capital. –sn–

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