La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.

Así operaba la presunta red de huachicol fiscal

Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.

El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.

Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.

La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.

La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.

Empresas legales y triangulación financiera

Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.

La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.

La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.

Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.

Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval

Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.

En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.

También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.

La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.

La investigación se extiende a cinco entidades

La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.

El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.

La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.

FGR advierte que las investigaciones continuarán

Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.

La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.

En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–

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