El exoperador de Vitol Javier Aguilar fue sentenciado en Nueva York a cuatro años de prisión por sobornos a funcionarios de México y Ecuador y deberá pagar 7.13 millones de dólares.

Por Vera Martín del Campo | Corresponsal      

El exoperador de la firma energética Vitol, Javier Aguilar, fue sentenciado en Brooklyn, Nueva York, a 48 meses de prisión por participar en dos esquemas de sobornos a funcionarios de México y Ecuador.

Además de la pena de prisión, el ciudadano mexicano, residente en Houston, Texas, deberá pagar aproximadamente 7.13 millones de dólares por concepto de decomiso criminal y una multa de 100 mil dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caso involucró contratos por más de 500 millones de dólares y pagos ilícitos superiores a un millón de dólares para obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa estatal petrolera de Ecuador.

Sobornos para obtener contratos de Pemex

Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador de petróleo y gas en la oficina de Vitol en Houston, desde donde participó en las operaciones investigadas por autoridades estadounidenses.

En el caso mexicano, el Departamento de Justicia señaló que pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial propiedad de Pemex.

Los pagos buscaban obtener contratos para que Vitol suministrara cientos de millones de dólares en gas etano a Petróleos Mexicanos, de acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso.

Para ocultar los movimientos de dinero, Aguilar y sus cómplices recurrieron a contratos falsos, facturas simuladas y empresas fachada constituidas en distintas jurisdicciones.

Entre ellas figuraron entidades registradas en Curaçao, Panamá y las Islas Caimán, además de cuentas de correo electrónico utilizadas bajo identidades falsas para comunicarse con los participantes.

Una segunda trama en Ecuador

La investigación también acreditó pagos superiores a un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador, la empresa petrolera estatal ecuatoriana, con el propósito de conseguir contratos para Vitol.

Uno de los acuerdos involucró un contrato por 300 millones de dólares para la adquisición de combustóleo, operación en la que los participantes utilizaron una entidad estatal de Medio Oriente para sortear restricciones impuestas por Petroecuador a empresas privadas.

Después de las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017, algunos funcionarios que habían recibido pagos fueron sustituidos, según las pruebas presentadas en el juicio.

Los participantes posteriormente acordaron entregar nuevos sobornos a funcionarios que ocuparon esos cargos, con la intención de mantener el contrato existente y obtener negocios adicionales.

El Departamento de Justicia indicó que las mismas estructuras utilizadas para ocultar los pagos en Ecuador sirvieron para canalizar los sobornos relacionados con funcionarios de PPI en México.

El esquema incluyó registros financieros, comunicaciones electrónicas, llamadas grabadas, reuniones, registros de viajes y movimientos bancarios utilizados como evidencia durante el juicio.

Condena y decomiso millonario

En febrero de 2024, un jurado federal de Brooklyn declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de esa legislación y conspiración para cometer lavado de dinero relacionada con el esquema ecuatoriano.

En agosto de ese mismo año, el exoperador se declaró culpable de cargos derivados del esquema de sobornos relacionado con funcionarios de PPI y aceptó el decomiso de 7 millones 129 mil 938 dólares.

La sentencia emitida el 18 de septiembre de 2026 fijó finalmente la pena en 48 meses de prisión y una multa de 100 mil dólares. La restitución económica será determinada posteriormente.

Al concluir su condena, Aguilar será deportado a México, de acuerdo con la resolución anunciada por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.

El caso también alcanzó a otros siete participantes, incluidos tres funcionarios extranjeros, quienes se declararon culpables por su participación en las operaciones y acordaron entregar conjuntamente más de 63 millones de dólares obtenidos de los esquemas.

Vitol pagó 135 millones de dólares

El proceso contra Aguilar se relacionó con una investigación más amplia sobre Vitol, que en diciembre de 2020 admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil para obtener negocios.

Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas, la compañía aceptó pagar aproximadamente 135 millones de dólares en sanciones, en una resolución coordinada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y autoridades de Brasil.

La investigación de Aguilar estuvo a cargo del FBI de Miami mediante su unidad especializada en corrupción internacional. –sn–

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