Guadalupe Taddei confirmó que personas señaladas por presuntos vínculos con proveedores e irregularidades en contrataciones del INE trabajaron en el organismo, aunque actualmente ya no forman parte de su personal.
Por Gustavo García | Reportero
La consejera-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que las personas mencionadas en investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y vínculos con proveedores sí trabajaron en el organismo, aunque actualmente ya no forman parte de su personal.
La declaración ocurre en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios y excolaboradores del instituto con empresas proveedoras de materiales electorales, así como sobre los procedimientos para adjudicar contratos financiados con recursos públicos.
Taddei rechazó que exista favoritismo hacia determinadas compañías y sostuvo que las contrataciones cuentan con documentación y mecanismos de revisión. También anunció que se facilitará información para esclarecer los señalamientos.
¿Qué reconoció Guadalupe Taddei sobre las personas señaladas?
Durante una conferencia realizada este miércoles 21 de octubre, Taddei respondió a las publicaciones periodísticas que exponen presuntos vínculos entre personas relacionadas con su equipo y empresas proveedoras del INE.
La funcionaria afirmó que quienes aparecen en esos reportes ya no trabajan en el organismo, aunque sí formaron parte de su personal anteriormente.
La aclaración no constituye, por sí misma, una resolución sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas o penales. Los señalamientos deberán evaluarse con base en la documentación y los resultados de las investigaciones correspondientes.
Entre los casos difundidos figura el de Jonathan Navarrete Torres, señalado en reportes periodísticos como colaborador de Taddei y apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales.
La relación reportada ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y los controles aplicados a quienes participan en la contratación pública. La existencia de esos señalamientos no acredita, por sí sola, una conducta ilícita.
Taddei rechaza favoritismo en contratos del INE
La consejera-presidente sostuvo que el organismo no favorece a empresas específicas y afirmó que los procedimientos de contratación están respaldados por expedientes y documentación.
También señaló que los datos proporcionados por las personas involucradas se encuentran registrados en el instituto y que corresponde a las instancias de control revisar si existen omisiones, información falsa u otras irregularidades.
Además, anunció que solicitará una revisión de los procedimientos de licitación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de que se examinen las condiciones en que se realizaron las contrataciones.
Las investigaciones y revisiones deberán determinar si existieron incumplimientos y, en su caso, identificar a los responsables. Hasta que haya conclusiones sustentadas, las presuntas irregularidades deben tratarse como señalamientos y no como hechos judicialmente acreditados.
Contratos y proveedores, bajo cuestionamiento
Las publicaciones que originaron la controversia refieren investigaciones sobre siete empresas proveedoras de materiales electorales y posibles vínculos entre ellas, antiguos funcionarios y personas relacionadas con el INE.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran posibles simulaciones de competencia en procedimientos de contratación y presuntas relaciones entre representantes de compañías y personal que ocupó cargos en instituciones electorales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aparece en los reportes periodísticos como una de las instancias que investiga posibles operaciones irregulares relacionadas con esas empresas.
Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar los señalamientos y transparentar la información sobre los contratos. La exigencia coloca la rendición de cuentas y la fiscalización del gasto electoral en el centro de la discusión pública.
La información disponible no permite concluir que todas las empresas señaladas hayan cometido delitos ni que las personas mencionadas tengan responsabilidad acreditada. –sn–
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