El Órgano Interno de Control del INE inició procedimientos contra cinco funcionarios por presuntos conflictos de interés en contrataciones. Hay 18 expedientes abiertos y señalamientos sobre una red de empresas que habría concentrado contratos de material electoral.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Cinco funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves relacionadas con conflictos de interés y adjudicación de contratos, informó el titular de su Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras.

El organismo mantiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en las contrataciones: 13 continúan en investigación y cinco ya pasaron a procedimientos de responsabilidad, luego de que se notificó formalmente a los servidores públicos involucrados.

Las investigaciones también abarcan una presunta red de cinco empresas que, entre 2014 y 2025, habría concentrado contratos por 2 mil 461 millones de pesos para suministrar material electoral a organismos electorales federales y estatales.

Cinco funcionarios ya fueron imputados

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, Carvente Contreras explicó que los cinco procedimientos corresponden a posibles faltas administrativas graves, principalmente por actuaciones relacionadas con conflictos de interés y ocultamiento de esas condiciones.

El titular del OIC precisó que ya se realizaron las imputaciones correspondientes y se notificó a los servidores públicos para iniciar las audiencias respectivas.

Sin embargo, evitó proporcionar los nombres de los involucrados, los números de expediente y las pruebas que integran las investigaciones, debido a que los procedimientos todavía no concluyen.

“No puedo revelar identidad de personas, número de expediente, tampoco las pruebas, datos personales, resultados que no son definitivos”, señaló el funcionario ante los legisladores.

También afirmó que las irregularidades que fueron difundidas recientemente en medios de comunicación ya habían sido identificadas por el área de auditoría del propio organismo.

“Estos hechos noticiosos ya los teníamos informados en el área de auditoría”, sostuvo.

Carvente Contreras explicó que los expedientes no corresponden exclusivamente a hechos ocurridos durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE, sino que involucran prácticas que calificó como problemas históricos y estructurales en las contrataciones de material electoral.

Cinco empresas concentran contratos millonarios

Uno de los señalamientos centrales de la comparecencia fue la presunta existencia de una red de cinco compañías que habría simulado competencia para obtener contratos de suministro de material electoral.

De acuerdo con el titular del OIC, entre 2014 y 2025 estas empresas recibieron adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos, principalmente de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las compañías señaladas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.

El funcionario indicó que las empresas mantienen vínculos mediante socios, apoderados y representantes legales que aparecen en distintas compañías, una circunstancia que, según sus investigaciones, habría permitido simular competencia en los procedimientos de contratación.

Entre las compañías mencionadas, Cajas Graf concentró alrededor de mil 72 millones 876 mil pesos en contratos, de acuerdo con el desglose presentado durante la comparecencia.

También se mencionó a José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con distintas empresas proveedoras de material electoral y señalado por el funcionario por sus vínculos empresariales con integrantes de ese grupo.

Carvente Contreras advirtió que la concentración de adjudicaciones habría afectado las condiciones de competencia y provocado incrementos artificiales en los precios de los materiales electorales. –sn–

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