Rosa Icela Rodríguez confirmó una investigación por presuntos pagos de un grupo delictivo a manifestantes que bloquearon accesos a Santa Fe, en Cdmx, el martes 17 de noviembre.
Por Martín García | Reportero
Autoridades federales investigan presuntos pagos del crimen organizado a personas encapuchadas que bloquearon accesos a Santa Fe, en Cdmx, durante las protestas del martes 17 de noviembre.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que las autoridades recibieron información sobre el financiamiento de la movilización por integrantes de un grupo delictivo relacionado con una persona que actualmente se encuentra privada de la libertad.
Durante la conferencia mañanera de este miércoles 18 de noviembre, en Palacio Nacional, la funcionaria advirtió que se procederá contra quienes resulten responsables de financiar las manifestaciones para provocar bloqueos en la capital.
Investigan financiamiento criminal
Rodríguez explicó que las primeras indagatorias apuntaron a que los participantes recibieron dinero de personas vinculadas con una organización delictiva.
“Sí tuvimos la información de que, efectivamente, en una manifestación por esa zona, por Santa Fe, por allá había una manifestación de personajes, personas que habían recibido un pago por una manifestación”, señaló.
La titular de Segob precisó que los presuntos responsables de entregar el dinero pertenecerían al grupo delictivo de una persona que permanece privada de su libertad.
“Lo que llamó la atención, quien pagaban eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad”, indicó.
La funcionaria aseguró que el caso ya se encuentra bajo investigación y advirtió que las autoridades actuarán cuando se compruebe la participación de integrantes de organizaciones criminales en el financiamiento de las movilizaciones.
Libertad de manifestación
Rodríguez señaló que el derecho constitucional a manifestarse no debe utilizarse como instrumento de organizaciones delictivas para realizar acciones contrarias a la ley.
La secretaria de Gobernación consideró grave que grupos criminales presuntamente recurran al pago de personas para organizar bloqueos y movilizaciones.
También evitó proporcionar nombres o detalles sobre los posibles involucrados, al argumentar que la información debe mantenerse bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.
“No voy a dar hoy nombres ni nada porque tiene que mantenerse la investigación”, expresó.
Añadió que las autoridades deben distinguir entre el ejercicio legítimo de la libertad de manifestación y las acciones que pudieran estar relacionadas con intereses de grupos delictivos. –sn–


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