El análisis publicado por Mario Maldonado indicó que autoridades mexicanas enfrentaron la posibilidad de judicializar los expedientes para evitar tensiones con Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un dictamen para ordenar a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La medida ocurre después de las acusaciones formuladas desde los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.}

La informaicón se da a canocer a partir de un reportaje publicado hoy por Emeequis, del periodista Jorge García Orozco, y se detalla que la UIF giró la instrucción a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar operaciones y activos en el sistema financiero mexicano de estas personas. La medida se toma como acción preventiva en el marco de investigaciones internacionales.

El acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó la suspensión total de operaciones financieras relacionadas con Rubén Rocha Moya. El documento también contempla el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano y restricciones bancarias inmediatas.

La disposición de la UIF incluyó a otras nueve personas señaladas dentro del mismo procedimiento financiero. Entre los afectados figuraron Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense con licencia.

Congelan activos financieros

La lista de personas sujetas a bloqueo también integró a Enrique Inzunza Cázares, secretario general del gobierno de Sinaloa. Asimismo, apareció Enrique Díaz Vega, secretario de administración y finanzas de la administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

La orden financiera estableció que las instituciones bancarias debieron ejecutar el bloqueo dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la publicación en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el calendario oficial, el plazo para cumplir la instrucción concluirá el próximo 19 de mayo.

Las medidas dictadas por la UIF se conocieron mientras la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo públicamente que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes contra el mandatario sinaloense. La titular del Ejecutivo federal reiteró que cualquier procedimiento legal debía sustentarse en evidencias formales.

Presión política crece

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano podía ser procesado sin pruebas suficientes. La mandatario indicó que cualquier acusación requería un juicio justo y un procedimiento legal conforme al marco jurídico mexicano.

La presidente explicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación propia relacionada con las acusaciones formuladas desde Estados Unidos. El posicionamiento ocurrió en medio de un debate político y judicial sobre el futuro del gobernador con licencia de Sinaloa.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo contrastaron con el endurecimiento de las medidas financieras implementadas por la UIF. El caso incrementó la presión sobre el gobierno federal debido al impacto político y diplomático derivado de las acusaciones. –sn–

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