Axel Hernández | Reportero

Amenazas de arresto y desalojo de policías capitalinos fue lo que recibieron los estudiantes normalistas de Mactumactzá durante una jornada de ensayos de danza y actividades lúdicas en la plancha del zócalo de la ciudad de México, en donde mantienen un plantón desde el pasado 7 de julio.

Una decena de uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arribó al plantón instalado frente al Palacio Nacional para desalojar un área que está delimitada por vallas metálicas.

Este cerco se colocó por las actividades conmemorativas de la fundación y caída de Tenochtitlán, y que ante la falta de otro espacio, fue adoptada por los jóvenes para practicar danzas tradicionales y rondas infantiles que presentarán en el que será el tercer festival sociocultural.

Este evento se realiza desde que se instalaron en esta capital del país hace casi un mes al exigir la libertad incondicional de sus 94 compañeros detenidos durante las movilizaciones del pasado 18 de mayo en la capital chiapaneca.

Las acciones de sobre las festivales socioculturales buscan demostrar el eje cultural, uno de los siete, que guían la formación académica en la escuela normal de Mactumactzá.

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“Nos empezaron a decir que no podíamos estar ahí, que estábamos afectando a terceras personas, que estábamos causando disturbios y lo que ellos decían es que traíamos palos”, comentó a Sociedad Noticias uno de los estudiantes afectados.

“Los palos que nosotros teníamos ahí, que tenían mis compañeros, eran nada más parte del baile, parte del ensayo. Es un baile típico de Chiapas, el famoso baile de los abuelitos.”

Tras el arribo de un mayor número de elementos policiales, los «guardianes del orden» tomaron una actitud grosera, prepotente y con amenazas: “nos decían que nos saliéramos o sino, nos iban a venir a desalojar, que no estuviéramos aquí o si no, nos iban a llevar a la cárcel” Ante la tensión del ambiente, los y las estudiantes decidieron detener sus ensayos y salir de la zona cercada.

El hecho fue denunciado por activistas en redes sociales y se suma a la lista actos de hostigamiento por parte de las autoridades capitalinas hacia el campamento normalista; que van desde negar el acceso y acceso al primer cuadro de la ciudad al autobús que utilizan para transportar alimentos.

También en acciones como restringir información a los peatones por medio de «volanteo», hasta las amenazas directas de desalojo del plantón por parte de personas que se autoidentificaxn como funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El plantón en el Zócalo capitalino

El próximo siete de agosto se cumplirá un mes de que, tras una marcha sobre el paseo de la Reforma, se instaló la carpa que resguarda a una centena de estudiantes normalistas, la mayoría alumnos de la Escuela Normal Rural (ENR) de Mactumactzá, Chiapas.

Pero también de Teteles, Puebla, de Ayotzinapa, Guerrero así como de otras normales que enviaron delegaciones de apoyo. Los jóvenes resisten acompañados de padres de sus 74 compañeras y 21 compañeros que el pasado 18 de mayo recibieron agresiones, físicas, verbales y hasta sexuales, por parte de policías de Chiapas.

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Efectivos policiales que luego los arrestaron mientras realizaban una actividad de protesta pacífica en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. En este episodio también fueron detenidos dos pobladores desplazados del municipio de Chenalhóque acompañaban la manifestación.

El hecho recibió la atención de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes condenaron el excesivo uso de la fuerza en contra de los jóvenes que protestaban ante la decisión de las autoridades educativas estatales de limitar al plano virtual la aplicación del examen de admisión a la escuela como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus.

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La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), órgano político de las normales rurales del país, denunció que la negativa de aplicar un examen presencial es parte de la embestida del Estado por acabar con el normalismo rural pues muchos de los aspirantes no cuentan con acceso a un equipo de cómputo ni con conexión a internet.

De esta forma, la matrícula de la normal de Matumactzá se vería afectada de manera directa y la dejaría en una severa situación. Cabe resaltar que estas manifestaciones de inconformidad lograron su objetivo pues, el pasado 12 de julio, 643 jóvenes presentaron su examen de admisión de manera presencial.

Pero tras los hechos del 18 de mayo pasado por parte de la administración del morenista Rutilio Escandón Cadena, gobernador de Chiapas, los jovenes de Mactu no han dado un paso atrás en la exigencia de justicia ante la represión y en busca de la libertad de sus compañeros, quienes en un primer momento fueron recluidos en el penal de El Amate, en el municipio de Cintalapa.

Ahí fueron vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo; posteriormente fueron liberados el día 23 de mayo, con la restricción de continuar con su activismo y bajo la obligación de ir a firmar de manera periódica so pena de reingresar a prisión. 

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La libertad incondicional de sus compañeros es la principal exigencia de los estudiantes que se mantienen en resistencia frente a la sede del poder ejecutivo nacional, tras no recibir respuesta a sus exigencias ante el gobernador Escandón.

Día con día se han mantenido movilizaciones en diferentes puntos de la capital mexicana: frente a las cámara de diputados, afuera de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en las principales vialidades del centro de la ciudad.

El normalismo rural en la 4T

“Obrador decía que todo cambiaría ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La misma porquería!” Esa es una de las consignas que se pueden escuchar en las movilizaciones normalistas, pues para ellos y sus escuelas, la cuarta transformación no ha transformado nada, por el contrario, le ha dado continuidad a la campaña permanente en contra del normalismo rural en México.

Las investigaciones del caso Iguala, en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) siguen estacionadas, pues a mes y medio de cumplirse siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayoztinapa, las autoridades judiciales no han podido brindar justicia a los padres de estos muchachos.

Los pocos avances como la identificación de restos óseos de Jhiosivani Guerrero en la “Barranca de la Carnicería” ubicada en el municipio guerrerense de Cocula; o las recientes declaraciones de supuestos criminales involucrados en los hechos del 26 de septiembre de 2014 que contradicen la “verdad histórica” impulsada por la administración Peñanietista, se ven opacados por las nulas acciones legales en contra de los culpables de este crimen de estado y de aquellos quienes se empecinaron en encubirlos. Mientras tanto las familias de los jóvenes siguen luchando por conocer el paradero de sus hijos.

Por otro lado, en la conferencia matutina del presidente López Obrador del pasado 3 de agosto, el titular del ejecutivo federal hizo una serie de declaraciones en torno al manejo de recursos y la estructura organizativa al interior de las normales rurales, las cuales calificó de autoritarias y denunció que los comités estudiantiles hacen un mal manejo del presupuesto, por lo que planteó la propuesta de entregar el recurso de manera directa a los estudiantes para cubrir sus gastos de alimentación y hospedaje.

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Estas declaraciones evocan el recuerdo del conflicto que los estudiantes y egresados de la ENR Mactumactzá tuvieron con el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, quien en 2003 logró cerrar por un año la normal tras meses de choques con los normalistas y el sector magisterial que dejo saldo de al menos 26 estudiantes vinculados a proceso y uno más fallecido.

En ese entonces, Salazar clausuró el sistema de internado de la escuela reemplazandolo por becas externas a los estudiantes, junto con otros cambios que atentaban contra la estructura al interior de la normal afectando así a cientos de hijos de campesinos de escasos recursos.

Este 6 de agosto, los estudiantes que mantienen el plantón se movilizarán desde el monumento de la revolución hasta el zócalo capitalino para conmemorar 18 años de esta represión y de la lucha que, gracias a su triunfo, les ha permitido acceder a una educación gratuita y que una vez más se ve amenazada, en esta ocasión por un presidente que prefiere dar declaraciones desde su tribuna a recibir a los adolescentes que llevan casi un mes acampando afuera de su casa. –sn–