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Con huelga de hambre se manifiestan familiares injustamente presos: Zeferino Ladrillero

Por Fausto Hernández | Reportero

Familiares de 25 personas injustamente presas decidieron ofrecer sus propias vidas al gobernador Alfredo del Mazo Maza y al titular del Poder Judicial mexiquense al iniciar una huelga de hambre en la emblemática “Plaza de los Mártires” en el centro de Toluca.

“Es una decisión que han tomado los familiares de este grupo de presos y que aglutinan hoy el colectivo “Haz Valer Mi libertad”; han tenido que poner en riesgo su propia vida ante el atropello sistemático de las autoridades, de manera particular el gobernador Del Mazo”, dijo José Antonio Lara Duque.

El cofundador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” lamentó que, a pesar de tener un mecanismo legal, como lo es la Ley de Amnistía -aprobada por los legisladores en enero pasado- hoy, el Poder Judicial local y el gobernador Alfredo del Mazo Maza impongan una conducta que viola los derechos de las personas.

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“Nosotros acompañamos a los familiares y a las víctimas de esta decisión arbitraria, toda vez que, las víctimas han demostrado haber sido sujetos a violaciones al debido proceso y a sus garantías individuales, ya reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos del estado de México con sendos oficios que vinculan directamente su libertad”, expresó.

Resaltó que en la huelga de hambre participan Karina Rivera, de 42 años, familiar de Jorge Rivera; Maribel González Pacheco, 45 años, familiar de Héctor Michael Lemus; Edit Paz Rivas, de 48 años, familiar de David Gregorio Paz, Celia Arroyo, de 55 años, familiar de Daniel Plácido; así como Olga Tellez, 72, familiar de César Armando Soberanes.

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Es importante precisar que, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” solicitó en junio pasado la intervención de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía.

“Es urgente la intervención de la ONU, y la de su alta comisión en la materia, para hacer un llamado al Estado mexicano y hacer valer los alcances de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos del que México está suscrito”, manifestó el defensor de derechos humanos.

“La aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta puesto que hemos visto criterios judiciales aplicando de manera no sólo incorrecta este instrumento jurídico, sino poco garante y distante de su espíritu legislativo”, expuso Lara Duque. –sn–