Derechos Humanos

Imprescindible garantizar los derechos humanos de las personas migrantes

Por Fausto Hernández | Reportero

En el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, instituciones nacionales e internacionales de los Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados de la región para redoblar sus esfuerzos para proteger a las personas migrantes.

Ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos autoridades e integrantes de organizaciones no gumentamentales de El Salvador, Guatemala, Honduras y México así como las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala, Honduras y México exigen garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los de San Fernando no se repitan.

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En abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de diversas nacionalidades, un año después de la masacre de 72 personas migrantes en el mismo municipio. Hechos similares ocurrieron en 2012, en Cadereyta, Nuevo León; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y recientemente en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido recomendaciones con relación a las citadas masacres del 2010, 2011 y 2012, las cuales, han sido aceptadas por las autoridades.

A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación. De igual manera, está llevando a cabo la investigación sobre los hechos ocurridos este año en Camargo, Tamaulipas, y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, desde el 2011, ha realizado diferentes acciones encaminadas a garantizar el derecho al acceso a la justicia y verdad a las víctimas y sus familias.

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Entre ellas, la apertura de 3 expedientes de investigación y solicitudes a instituciones competentes, como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la República del Estado Salvadoreño para exigir la protección consular o las acciones que sean pertinentes a las instancias homologas del ministerio público de México.

También, ha registrado los casos en el mecanismo interinstitucional del Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, del cual es parte, a efecto de posibilitar -por la vía científica- la identificación de cuerpos o restos. Asimismo, se ha realizado acompañamientos psicosociales a las familias en el contacto que han tenido con las instancias mexicanas y en el proceso de repatriación de uno de los tres casos salvadoreños afectados en esa masacre.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, desde 2011 a la fecha, ha realizado acciones de acompañamiento a familiares e instituciones de sociedad civil para el acceso a procesos de búsqueda, identificación y justicia.

También se han desarrollado acciones de verificación durante procesos de notificación a familiares sobre avances en investigación y repatriación de víctimas; así como visibilizado ante la sociedad guatemalteca dichos casos a través de pronunciamientos y comunicados, reconociendo los obstáculos que enfrentan las familias para acceder a la verdad y justicia, y las obligaciones que tienen los estados para responder antes dichas atrocidades. –sn–