La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 226 funcionarios federales entre enero y junio de 2026, con 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones y cinco destituciones.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impuso, entre enero y junio de 2026, sanciones a 226 personas servidoras públicas del gobierno federal que ocupaban cargos de mando, por faltas administrativas no graves relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Las medidas incluyeron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. La dependencia informó que las resoluciones se emitieron conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas.

La información adquiere relevancia en el marco del fortalecimiento de los mecanismos federales de control y combate a la corrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la autoridad encargada de imponer sanciones por faltas administrativas no graves, mientras que las faltas graves son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

¿Qué faltas cometieron los funcionarios?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría, se identificaron 242 casos de incumplimiento de las funciones encomendadas, nueve relacionados con abuso del cargo y uno por abuso de funciones vinculado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.

La cantidad de faltas es superior al número de personas sancionadas porque un mismo servidor público puede haber incurrido en más de una conducta y, por tanto, recibir más de una sanción.

Entre los servidores públicos sancionados se encontraban 10 titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento.

Más de 400 expedientes fueron enviados al TFJA

Además de las sanciones por faltas no graves, la Secretaría informó que 416 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, al corresponder a posibles faltas administrativas graves.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece una división de competencias entre las autoridades encargadas de investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos. En los casos graves, corresponde al TFJA determinar las sanciones. Comunicados recientes de la Secretaría confirman la aplicación de este esquema en procedimientos derivados de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidades.

La Secretaría ha mantenido durante 2026 una serie de procedimientos contra servidores públicos y empresas vinculados con infracciones administrativas. En junio, por ejemplo, informó sobre sanciones derivadas de investigaciones realizadas en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias y entidades federales.

Funcionarios pueden impugnar las sanciones

Las resoluciones administrativas no impiden que las personas sancionadas recurran a los mecanismos de defensa previstos por la legislación.

La Secretaría precisó que los servidores públicos tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de que esto ocurra, la dependencia defenderá la legalidad de las sanciones emitidas.

El número de sanciones, por tanto, no equivale necesariamente a resoluciones firmes e inatacables, pues los procedimientos administrativos pueden continuar mediante los recursos legales correspondientes.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, mantiene como parte de sus atribuciones la prevención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas dentro de la Administración Pública Federal. La dependencia también dispone de bases de datos públicas sobre servidores públicos con sanciones vigentes. –sn–

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