La UIF incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas por operaciones financieras de riesgo relacionadas con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la FGR.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras de riesgo vinculadas con proveedores electorales, e interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comprende a 40 personas físicas y morales cuyos movimientos financieros presentaron elementos que, a consideración de la autoridad, ameritan investigaciones por parte de las instancias competentes.
La dependencia aclaró que la inclusión en esta lista tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una sentencia ni determina que las personas o empresas involucradas hayan cometido algún delito.
UIF presenta denuncia ante la Fiscalía
Como parte de las acciones derivadas del análisis financiero, la UIF presentó una denuncia ante la FGR para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades conforme a la legislación aplicable.
La intervención del Ministerio Público permitirá desarrollar las indagatorias correspondientes y establecer, mediante los procedimientos legales, si las operaciones identificadas están relacionadas con actividades ilícitas.
La autoridad financiera no dio a conocer en el comunicado los nombres de las 25 personas físicas ni las razones sociales de las 15 empresas incorporadas a la lista, tampoco detalló los montos de las operaciones identificadas.
Bloqueo preventivo no significa culpabilidad
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas no constituye una determinación definitiva de responsabilidad y tampoco elimina los derechos jurídicos de las personas involucradas.
Los afectados conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación, mediante los cuales pueden presentar argumentos y ejercer los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.
La medida forma parte de las atribuciones de la UIF para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades encargadas de investigar posibles delitos. –sn–
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