Se dio vista a la UIF por presunto lavado de dinero. Se usaron más de 270 mdp para comprar el voto, por lo menos. Es una paz narca para evitar que la oposición acceda a cargos de elección popular.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la presunción de lavado de dinero durante la pasada jornada electoral en Coahuila, al destinarse, por lo menos, 270 millones de pesos para comprar el voto.

“Se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque estimamos que se compraron aproximadamente 450,000 votos a razón de un promedio de 600 pesos, lo que implica que movilizaron el día de la elección 270 millones de pesos, cuando menos ”, dijo.

En el marco de la ratificación de juicio político este lunes contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez en la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja resaltó que la denuncia incluye la exigencia de indagar los circuitos financieros que movilizaron estos recursos durante los comicios locales.

“Esta operación financiera constituyó un esquema de coacción que alteró la voluntad de los ciudadanos en las urnas coahuilenses. Las autoridades federales recibieron la solicitud para identificar a los responsables de la distribución de este capital ilícito”, detalló.

En este sentido, Ricardo “El Tigre” Mejía calificó este proceso electoral –ya impugnado por el Partido del Trabajo y Morena– como una simulación carente de elecciones libres y auténticas en los 16 distritos electorales locales disputados, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo, también del órden de una violación flagrante a los derechos humanos.

El legislador federal recordó que, los efectivos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionaron como instrumentos de represión contra los ciudadanos opositores, al documentarse casos donde los agentes detuvieron y golpearon a personas para permitir que los candidatos oficialistas avasallaran en las casillas. El uso de la fuerza pública impidió que el ejercicio del sufragio fuera secreto y respetara la voluntad popular en la región, resaltó.

El parlamentario petista recordó que, una vez ratificada la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila y su fiscal, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados turnará el expediente a la Comisión Instructora para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.

Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que no permitirá que el proceso de justicia se dilate a pesar del periodo de receso parlamentario. El objetivo de la figura del juicio político es que los funcionarios que violentaron la ley no se salgan con la suya;

Finalmente, Mejía Berdeja comparó la situación que se vive en Coahuila, con lo ocurrido en Durango bajo la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal; “en realidad es una paz narca que opera para evitar que la oposición pueda acceder legítimamente a los cargos de elección popular (…) lo que pasa en Durango es igual a lo que pasa en Coahuila”. –sn–

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